CID | CSE UdeG

La carrera de Abogado forma juristas capaces de solucionar y prevenir conflictos, con un compromiso firme en la búsqueda de la justicia haciendo uso de una visión multidisciplinar.

El egresado es capaz de aplicar el derecho en sus diversos campos y en todos los niveles: regional, nacional e internacional, siendo consciente de su responsabilidad y compromiso social.

No hay actividad social que pueda sustraerse al orden jurídico y a la presencia del derecho. Por ello, el campo de trabajo del profesional de esta disciplina resulta prácticamente ilimitado, ya que la acción del profesional del derecho es universal, toda vez que en todas las áreas de la actividad humana se requiere, en alguna medida, interpretar, aplicar o generar normas y actitudes jurídicas.

En la actualidad, el abogado o el licenciado en derecho ejerce como tal tanto en la práctica forense como postulante, juez, magistrado o agente del ministerio público, en los ámbitos federal o estatal, en actividades de representación, asesoramiento, y defensoría; actúa en forma destacada en actividades relativas a la interpretación y aplicación de normas jurídicas en diversos tribunales, en la administración y operación de los mismos.

Asimismo, el licenciado en derecho puede desarrollar su actividad profesional tanto en la administración e impartición de la justicia como en la defensa de los derechos humanos. Por otro lado, las circunstancias actuales y futuras indican la necesidad de crear nuevos juzgados en materia federal y local, tribunales agrarios y comisiones de derechos humanos, lo que redunda en mayor espacio para el ejercicio de la abogacía. La globalización de la economía nacional y su vinculación en los ámbitos internacionales exige una preparación del egresado que le permita competir en el mercado internacional.

El abogado también puede laborar de manera independiente, por su cuenta o asociado con profesionistas de su misma actividad o de otras profesiones; como directivo, asesor o trabajador de empresas públicas o privadas y, con una participación cada vez mayor, en la función administrativa y en las actividades del Estado, sobre todo en las actividades encargadas a los órganos ejecutivos.